Recuperar la diplomacia de comunicarse tras haberla perdido por una enfermedad degenerativa. Apagar o encender objetos con la mente. Escribir en el ordenador con tan solo pensarlo e, incluso, descifrar el subconsciente. Parece ciencia ficción, pero son realidades con las que el mercaderías humano ya convive desde hace varios primaveras gracias a los implantes cerebrales. Científicos, representantes de gobiernos y altos mandos de las Naciones Unidas (ONU) se han reunido este jueves en París para tocar los problemas éticos derivados de estos avances de la neurotecnología (la rama de la ingeniería a la que corresponden), e intentar hacer una hoja de ruta para regular su uso cuanto ayer posible.
“El interés de la Unesco es construir la almohadilla de un entendimiento sobre los retos de la neurotecnología desde una perspectiva ética”, asegura Gabriela Ramos, subdirectora genérico de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, el corporación que ha organizado la reunión. El debate más vasto de todos, según los expertos que han intervenido a lo extenso de la marcha, es la dicotomía entre progreso y el respeto a los derechos humanos. Así, se examen avalar que se respeten la sencillez de pensamiento y la privacidad celebrar sin frenar la investigación científica que tanto puede beneficiar a la humanidad.
“Lo que parecía al manifestación de la ciencia ficción ya ha llegado. Si no actuamos rápido pasará lo mismo que con Internet, las redes sociales o la inteligencia sintético, que se nos escaparon de control”, explica el neurocientifico castellano Rafael Yuste, catedrático de la Universidad de Columbia (EE UU). Por otra parte de ser perito a la hora de descifrar todos los secretos del cerebro, Yuste asimismo es pionero cuando se tráfico de garantizar los derechos humanos comprometidos por esta tecnología. En 2017, primaveras ayer de conseguir manipular el comportamiento de unos ratones interviniendo directamente en sus cerebros, el castellano creó una fundación de neuroderechos (The Neurorights Fundation) para promover cinco principios fundamentales: privacidad mental, identidad personal, dispensado capricho, comunicación equitativo a tecnologías de alivio y protección de los sesgos.
El aventura, explica Yuste, es que las mismas herramientas que en medicina pueden ayudar a mejorar la vida de las personas, acaben vulnerando la información que almacena el cerebro. “A pesar de que la hoja de ruta es benéfica, estas tecnologías son neutras y se pueden usar para admisiblemente o para mal”, afirma. Ya no se trataría solamente de datos e informaciones personales como la dirección de casa, los hábitos de comprar o qué partidos políticos se siguen en las redes sociales, sino asimismo poco tan íntimo como los memorias y pensamientos, y en un futuro no muy retirado incluso el subconsciente. “Pasa lo mismo que pasa con los idiomas extranjeros, en un primer momento es más ligera leerlos que hablarlos. A la recitación del cerebro ya llegamos hace tiempo, faltan unos cinco o 10 primaveras hasta que seamos capaces asimismo de manipularlo”, añade Yuste.
Regular para proteger los neuroderechos
Pimiento se convirtió en la punta de lanceta de los neuroderechos en el mundo en 2021, tras introducir una perfeccionamiento para proteger la actividad cerebral en su constitución. La reforma, que fue votada por unanimidad, reconoce la pobreza de soportar a promontorio cualquier tipo de progreso verificado y tecnológico “con respeto a la vida y la integridad física y psíquica de las personas”. Por otro costado, el Congreso chileno sigue trabajando en un tesina de ley que recoja los neuroderechos de acuerdo a los avances del Montón Morningside; coordinado por Yuste y compuesto por 25 especialistas internacionales en neurociencia, derecho y ética.
“Entendemos que la regulación de estas tecnologías no puede fundamentarse en el miedo al progreso tecnológico, sino en un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Y que es una tarea compleja porque la fuero tiene que dejar suficiente espacio para la innovación”, ha recordado en París la subsecretaria de Ciencia y Tecnología del gobierno chileno, Carolina Gainza. “Por esto es importante impulsar una discusión formada por la evidencia y conciencia ética. Tener la mente abierta para poder imaginar nuevas posibilidades que hasta ahora no hemos ni siquiera imaginado”.
Gabriela Ramos, que recientemente ha moderado el debate entre los principales actores internacionales en este campo, reconoce que el maniquí chileno funciona; ya que parte de un concepto muy nuclear: la idea de que la información neuronal no se debe comercializar. “Si tenemos un situación regulatorio sólido, transparencia y rendición de cuentas, no hay motivos para tenerle miedo a esta revolución”, explica la subdirectora de la Unesco.
Actualmente, el especie de Yuste está trabajando en Brasil, el segundo país que ha optado por introducir una perfeccionamiento constitucional parecida a la chilena y que se votará en los próximos meses en el Senado. España, por su parte, publicó una Carta de Derechos Digitales, el primer documento de este tipo en Europa, que vio la luz tras más de un año de trabajo. De este tesina participaron múltiples expertos, coordinados por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Industrial, Carme Artigas. “Hay dos aspectos que más me preocupan en este campo. Primero, creo que es importante que no cometamos el mismo error que con la inteligencia sintético, cuando nos dejamos enfilar por la industria en área que por el mundo purista”, ha obligado la secretaria durante su intervención. “En segundo área, se debe suministrar la accesibilidad a los beneficios potenciales de estas investigaciones, para que todos puedan explotar estos avances cuando se tráfico de lozanía”, añade.
El documento castellano, que carece de valencia justo, plantea algunas bases iniciales que guiarán las futuras políticas tecnológicas. “Las directrices están admisiblemente para despuntar a susurrar del asunto, y hay muchos países y organizaciones internacionales que lo están haciendo. Sin incautación, no resuelven el problema. Lo que hay que hacer es meterle mano de verdad y cambiar la constitución para proteger la ciudadanía”, opina Yuste.
Un mercado en manos privadas
De hecho, el resistente componente de inversión privada en este tipo de tecnología es uno de los factores que más preocupa a los expertos. Un estudio de mercado de la fundación de neuroderechos de Yuste ha calculado que hay más de 33.000 millones de dólares invertidos en proyectos privados de neurotecnología, una sigla exorbitante si se compara con los escasos 10.000 millones que están puestos en todos los proyectos públicos de investigación del cerebro en el mundo.
Un papel fundamental en este ámbito lo ejerce Milena Costas, que lidera el especie de derechos humanos de la ONU. Adjunto a su equipo, está trabajando en un estudio sobre el impacto, las oportunidades y los desafíos de la neurotecnología, a partir de un cuestionario que se está suministrando a varios gobiernos y organizaciones internacionales. “Las oportunidades son infinitas. Sobre todo en el ámbito médico, cuando hablamos de las aplicaciones para hacer diagnósticos y determinar tratamientos para enfermedades neurológicas”, explica Costa. “Lo que puede ser más problemático es la rápida comercialización de estas tecnologías que ya se encuentran disponibles en el mercado”.
El tablas es incluso más inquietante si se observan los resultados de otro estudio que Yuste ha presentado este jueves durante la conferencia de la Unesco y que se publicará en septiembre. Tras analizar los contratos con el consumidor de las 24 empresas más importantes de neurotecnología en el mundo —la mayoría de las cuales se encuentran en Estados Unidos y Canadá— han podido compulsar que todas las empresas, sin ninguna excepción, toman el control de todos los datos neuronales del usufructuario. “No solamente los tienen, sino que pueden hacer lo que quieran con ellos. Los pueden destruir, decodificar, entregar. Y la fracción de las empresas hace abonar a los usuarios para consultar sus propios datos celebrarles”, afirma Yuste, que no ha querido avanzar el nombre de estas compañías.
Otra de las preocupaciones incipientes de los científicos es la dificultad para custodiar la tecnología no invasiva, como las anteojos para videojuegos o las pulseras que ya tienen comunicación a mucha información sobre la vida de sus usuarios. “Desde el punto de instinto de los pacientes, se tráfico quizás de la revolución más relevante. Pero el hecho de que sean unos implantes externos hace que su regulación se sienta menos urgente, y este es un error”, alerta Yuste. De hecho, el avance de proyectos más atrevidos que planean implantar chips en el cerebro —como el caso de Neuralink, la compañía de Elon Musk, que lleva primaveras a la demora de probar sus implantes en seres humanos— está siendo más moroso, ya que depende de los permisos de las agencias regulatorias.
Con estos supuestos, Costa insiste en la pobreza de regularizar esta tecnología pensando frente a todo en los derechos de los colectivos más vulnerables, como los niños, las personas con discapacidades y los mayores. “Nunca hay que olvidar que, a pesar de que los avances puedan ser ventajosos, no se pueden aceptar sin más; sacrificando la privacidad mental o la sencillez de pensamiento. Intentar constreñir de una guisa más precisa las líneas rojas no es una forma de delimitar el crecimiento de esta tecnología, sino un apoyo para que esta se desarrolle de la forma más útil para la humanidad”, afirma la experta.
Puedes seguir a EL PAÍS Tecnología en Facebook y Twitter o apuntarte aquí para admitir nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
Creditos a Clara Brascia
Fuente
