El desabastecimiento y la escasez de frutas ya es una efectividad en el mercado gachupin. Así lo ha denunciado una de las principales asociaciones del sector, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que culpan de este problema al incumplimiento de la Ley de la Condena Alimentaria por parte de determinados agentes de la dependencia.
La escasez y el desabastecimiento está afectando en viejo medida, según UPA, al melón y la pepón, dos de las frutas más consumidas en la temporada de verano. Para los agricultores, los bajos precios que están cobrando por estos productos, en muchas ocasiones a pérdidas, son la principal causa del problema.
Esta situación, que UPA calificó como “demencial”, se suma al crecimiento de las importaciones de melón y pepón. Según explicaron, su sector, conformado por miles de autónomos, se encuentra en una situación de “cautiverio, ya que no permite a los agricultores obtener una competición rentabilidad, y que preocupa a los consumidores, pues sienten escasez de productos, en ciertos casos, y encarecimiento injustificado, en otros.”
Los productores de melón y pepón están cobrando hasta un 40% menos que en 2022 pese a la sequía
Según los observación elaborados por UPA, los precios en origen del melón en Murcia y Andalucía se sitúan esta campaña entre un 30% y un 40% por debajo de los de la del año pasado, a pesar de la sequía que ha venido afectando a los agricultores en los últimos meses y contra la que se han puesto en marcha diferentes ayudas.
Estas cotizaciones, encima, han ido descendiendo considerablemente desde el inicio de la campaña. En el caso de la pepón, el precio medio para 2022 fue de 60 céntimos por kilo en origen, mientras que, en 2023 está siendo de 49 céntimos por kilo, lo que supone un 19% menos.
Todo, en un contexto donde “la meteorología ha sido muy perjudicial para la pepón y el melón este año, las dos fruta-hortalizas por excelencia de la dieta mediterránea en verano. Ello ha provocado una reducción de la producción en las zonas productoras: Murcia, Almería y Castilla-La Mancha. Aunque es pronto para disponer de datos consolidados, sólo en Andalucía se ha plantado un 22% menos que la media de los últimos cinco abriles”, explicaron desde la estructura agraria.
En presencia de esta situación, UPA denuncia que no se está cumpliendo la dialéctica de proposición y demanda con estos productos. La razón, según esta estructura de agricultores, está “en los comportamientos indeseados de intermediarios y de ciertas grandes cadenas de la distribución, que juegan con utensilios como son las importaciones de países terceros, las previsiones de saldo de los productos, las cotizaciones en origen y los precios de saldo al conocido de los mismos.”
El registro obligatorio de contratos podría aliviar la situación
Por ello, los agricultores han reclamado una viejo vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley de la Condena Alimentaria, que prohíbe la compraventa de productos a pérdidas para los autónomos agrarios. En este sentido, cerca de memorar que hace unas semanas entró en vigor un nuevo registro obligatorio, que permitirá a la Inspección guardar con viejo operatividad las malas prácticas por parte de intermediarios y cadenas de distribución.
Se proxenetismo de una norma que se enmarca adentro de la Ley de la Condena Alimentaria y que servirá, según los propios autónomos del sector primario, para aportar “transparencia y garantías” a los agricultores y ganaderos de todos los sectores, así como para “seguir rompiendo el formidable desequilibrio que sufren a la hora de negociar con las empresas compradoras”, explicaron desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Por contra, desparece en este sector un uso y costumbre que incluso está admitido en la estatuto española: darse la mano o establecer verbalmente una compraventa de ganadería o de productos agrarios.
Creditos a: Joaquín Aragonés
