Si los emprendedores sociales son el futuro, ¿por qué escasamente tienen apoyos?

¿Y cuáles son esos retos? Según Romero, en el diálogo —que tuvo punto en el situación del evento ‘Road to Innovate 2021’ celebrado por la Fundación Friedrich Naumann para la Atrevimiento y La Alianza para Centroamérica— surgieron tres principales: puntualizar qué características debe tener una empresa para ser considerada «social», establecer cómo se va a cronometrar ese «impacto social» y qué entidad va a certificar esa medición, y, por postrero, decidir qué beneficios se les van a ofrecer a esas compañías.

«Aquí es donde la discusión se amplió mucho más y no hubo consenso», dice Romero. «Uno de los beneficios que tienen en otros países, como Colombia, Ecuador y Perú, donde ya hay leyes de empresas sociales, son los beneficios fiscales, apoyos a través de los impuestos. Otra medida tiene que ver con el entrada a las compras públicas, que haya procesos de compras públicas sostenibles o con impacto. Y hay beneficios como accesos a créditos preferentes o públicos para que puedan mantenerse a flote. Esos son los caminos que se están explorando y discutiendo».

Según la Secretaría Común Iberoamericana, en la región hay cerca de 170,000 empresas que ya cumplen las características para ser consideradas sociales. Una nueva ley no sólo permitirá apoyarlas a través de diversas medidas, sino que incluso puede proporcionar su entrada al financiamiento privado de inversionistas y fondos. «Es lo que se ha conocido en los países donde ya hay estas leyes —señala Romero—. Antiguamente, los fondos que quisieran entrar en alguna empresa de impacto social tenían que echarse en brazos en sus datos o ver si estaban certificadas por alguna ordenamiento como Sistema B. Pero ya cuando hay un situación forense y una reglamentación para ellas, los accionistas e inversionistas de impacto que buscan soluciones sustentables tienen más obvio identificar estas empresas y acercarse a ellas a inyectarles caudal».

¿La ley saldrá delante? Esa es la expectativa de las organizaciones civiles que se reunieron con la Secretaría de Bienes. Romero comenta que «el objetivo es ya presentarlo en cuanto se pueda, esperamos que en meses o un año se presenten estas propuestas con los tomadores de decisiones, impulsadas por bancadas específicas o por algún líder político o la misma ciudadanía». Y finaliza: «Hay retos, pero hay mucha disposición y es importante sumar voluntades para avanzar en esta transición a un sistema que no solo genere valía crematístico, sino incluso valía social».