El convenio de colaboración firmado la semana pasada entre el Gobierno de España y el ADIA Lab, un centro de investigación en inteligencia químico (IA) de Emiratos Árabes Unidos (EAU), sigue causando malestar. Un familia de ONG que trabajan por los derechos digitales y fundamentales ha expresado su disconformidad con el acuerdo a través de una carta abierta en la que consideran éticamente cuestionable establecer lazos científicos con un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Especialmente cuando la materia en la que se cooperará, la IA, puede ser una útil muy efectiva en esas vulneraciones de derechos.
Las organizaciones AlgoRace, AlgoRights, lafede.cat y DigitalFems, impulsoras del documento, recuerdan que, según el noticia anual de Indulto Internacional, el gobierno de EAU comete “violaciones graves de los derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, trato cruel e inhumano bajo custodia, supresión de la sinceridad de expresión y violación del derecho a la privacidad”. Human Rights Watch, por su parte, además ha denunciado el uso en ese país de tecnologías de vigilancia prohibidas en la UE, como el examen facial en espacios públicos o “herramientas israelíes de espionaje digital”. Además se ha documentado que el país sigue vulnerando reiteradamente los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI.
La carta abierta, enviada hoy a la atención de Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Digitalización, y de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Químico, ha recabado una decena de adhesiones en las 24 horas previas a su publicación, incluyendo a SOS Racismo o Rights International Spain. Tal y como adelantó EL PAÍS este miércoles, tres miembros del Consejo Asesor de la IA dimitieron la semana pasada como protesta por el convenio firmado con Emiratos. No ven compatible trabajar por una IA ética y al mismo tiempo tener tratos con un centro de investigación financiado por una autocracia y que tiene en sus filas a científicos cuestionados en la agrupación. Dos de los expertos que abandonaron el entraña consultivo, así como otros dos referentes de la IA española, publicaron en este gaceta una tribuna contando por qué nos debería preocupar el acuerdo.
El ADIA Lab es un centro estudiado financiado por la Autoridad de Inversiones de Abu Dabi (ADIA), el emirato más rico de EAU, y que dispone de activos por un valía impreciso de unos 800.000 millones de dólares. “España ha sensato una dietario de investigación con un centro estudiado financiado por un gobierno que no reconoce la independencia de la ciencia, que pisotea los derechos humanos, en distinto de mujeres, de las comunidades LGTBQI+ e inmigrantes, y cuya riqueza proviene principalmente del petróleo”, señalan los expertos en la carta publicada en EL PAÍS.
Preguntada por este diario sobre las objeciones de los científicos al acuerdo, fuentes de la Secretaría de Estado respondieron que consideran “muy positivo que una institución de prestigio estudiado que cuenta en su consejo con Premios Nobel elija instalarse en España ayer que en otros países europeos como Francia o Alemania”.
El acuerdo contempla la próxima transigencia en Mingrana de la sede europea de ADIA Lab, el centro emiratí, así como la puesta en marcha de cinco líneas de investigación relacionadas con la IA. Estas tienen que ver con el investigación casual y diseño práctico en la sanidad pública; la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación; la heredad digital, tecnología de registro descentralizado y toquenización; la computación de parada rendimiento y la IA interpretable y automatización confiable.
“Nos preguntamos cómo se va a reforzar la independencia de las investigaciones científicas centradas en la modelización económica del cambio climático y sus políticas de mitigación hexaedro que el petróleo es la principal fuente de ingresos de los EUA”, señalan las ONG en su escrito.
Estas organizaciones solicitan una reunión con la Secretaría de Estado “para combatir sobre cómo se va a avalar la protección de los derechos humanos con dicha colaboración interiormente del entorno europeo”. Los impulsores de la carta lamentan que el unidad no se haya tenido en cuenta las voces de organizaciones pro derechos humanos y digitales, tal y como se comprometió a hacer Artigas, la titular del unidad, en una reunión que mantuvo el año pasado con varias organizaciones de la sociedad civil.
Además le piden al Tarea más transparencia, especialmente en lo tocante a cómo se invertirán los más de cinco millones de euros comprometidos en el tesina, y la firma de un documento manifiesto en el que se declare la “integridad científica y ética, así como la protección de los derechos fundamentales, en los proyectos realizados”.
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Creditos a Manu González Pascual
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