Con marchas en todo el mundo, mañana se conmemora el Día por la Despenalización y Legitimación del Malogro, maña con un status muy desigual en el planeta. Mientras que en casi toda Europa se permite con la sola petición de la gestante, en África suele autorizarse solamente por motivos de salubridad o socioeconómicos. En Asia predominan las posturas en contra.
América muestra un panorama contradictorio. Aunque la Suprema Corte de México lo despenalizó este mes, su par estadounidense dictaminó el año pasado que ya no es un derecho constitucional federal, dejándolo en manos de cada estado.
La Suprema Corte de México despenalizó el feto en todo el país
El feto es legítimo en Colombia, Uruguay y Cuba, mientras que Bolivia, Ecuador y Perú lo permiten en casos de violación, incesto, problemas de salubridad mental y aventura de vida para la mujer. En Brasil, Paraguay y Venezuela está prohibido, con excepciones para esa última situación.
Este 30 de diciembre se cumplirán en Argentina tres abriles de la penalidad de la Ley 27.610, de Ataque a la Interrupción Voluntaria del Inconveniente. La norma reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de preñez, sin condición de explicar motivos. A partir de la semana 15, solo se contempla para las víctimas de violencia sexual o si hay peligro para la salubridad de la mujer. Los sectores divulgado y privado deben garantizarlo de forma gratuita.
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A fines del año pasado, el Tarea de Sanidad informó que el sistema divulgado había reportado 132 mil abortos desde la penalidad, un 60% más de los declarados en 2020. Antaño de la ley, un documentación de distintos organismos especializados en existencias y derechos humanos había revelado que se practicaban más de 460 mil abortos clandestinos por año, el 15% de ellos a niñas y adolescentes.
La Ordenamiento Mundial de la Sanidad recomienda la despenalización total e insta a los estados a eliminar maniobras dilatorias como períodos de retraso o consejo, internación compulsiva, consentimientos de padres, cónyuges o representantes legales y autorizaciones administrativas o por comités de ética.
AO JL
Creditos a Pablo Corso
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