Frente al dilema ético de cómo regular el uso de estas redes, se impone el procesal: ¿hay trayecto para padecer a proceso a estos gigantes
tecnológicos?
El pasado enero, las escuelas públicas de Seattle demandaron a varias plataformas de redes sociales acusándolas de daños mentales a sus alumnos. Entre
los diversos puntos que utilizan en la inclusión de la demanda presentada se explica que los jóvenes «son particularmente susceptibles porque sus
cerebros no están plenamente desarrollados y, en consecuencia, les descuido la virilidad emocional, el control de las impulsos y la resiliencia psicológica
de otros usuarios más maduros». «En edades en las que todavía estamos formando nuestra personalidad y aprendiendo a aceptarnos tal como somos, el
contraste (entre el físico propio y el retocado de las imágenes que ven en Instagram) puede resultar particularmente demoledor», explica Ferran
Lalueza, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación.
El debate ético frente al debate procesal
Las redes sociales utilizan la persuasión para crear yuxtaposición entre sus usuarios, tal como explica Manuel Armayones, profesor de los Estudios de
Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y coordinador del camarilla de investigación Behavior Design Lab del eHealth Center: «Como productos
comerciales que son, no tienen otro objeto para sus accionistas que el de ocasionar beneficio». Las técnicas de personalización creadas mediante
algoritmos llevan a cada favorecido a tener una experiencia muy ajustada a sus gustos, lo que facilita que cada vez se esté más tiempo. «Cuanto más tiempo
estemos en el interior de ellas, más precisas serán las recomendaciones de tipo comercial que nos irán llegando», indica Armayones. Hace rodeando de año y
medio, el diario estadounidense Wall Street Journal destapó la existencia de documentos internos en Facebook que apuntaban a que Instagram, todavía
propiedad de Mark Zuckerberg, causaba mercadería dañinos en las adolescentes.
Pero una cosa es el problema ético que se desprende de estos informes en cuanto al uso de redes sociales, y otra, las responsabilidades jurídicas que
puedan derivarse de demandas como la interpuesta por las escuelas de Seattle. Sergio de Juan-Creix, profesor colaborador de los Estudios de Ciencias de
la Información y de la Comunicación de la UOCy abogado habituado en Derecho Digital del despacho Croma Legítimo, pone el acento en la responsabilidad
compartida de que los más jóvenes tengan perfiles sociales: «Hay, al menos, un triple nivel de responsabilidad: la de las propias plataformas y cómo
están diseñadas, la de los educadores, que son las familias, tutores y las escuelas, y la del regulador». Este, como responsable posterior de aprobar las
leyes que se aplican a estas plataformas. «En España, por ejemplo, puedes prestar tu consentimiento en materia de datos personales a partir de los 14
abriles. Por ello, no podemos culpar nada más a las redes sociales por permitir que los menores las utilicen porque, de hecho, pueden hacerlo. El debate
viaje en torno a si esta existencia debería emerger, por una parte; y por otra, en pedir más transparencia a las redes sociales, tanto para con los usuarios
como para con el regulador, a fin de que expliquen no solo cómo y con qué finalidad tratan nuestros datos personales, sino todavía respecto a cómo y
con qué fines están programadas y diseñadas para evitar el uso de patrones oscuros», añade De Juan-Creix.
Acreditar el daño mental, lo más complicado
Según el estudio Impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social: existencia y virtualidad,
realizado por Cáritas hace un año, cerca de un 70 % de los adolescentes acompañados por esta estructura invierte al menos una hora diaria en mirar
redes sociales. De ese porcentaje, la parte le dedica más de tres horas. La emblema se dispara durante los fines de semana.
La consejo Cómo proteger a los menores de los peligros de las redes sociales, publicada el pasado noviembre por Team Lewis y la Fundación Tomillo, que
trabaja con jóvenes en situación de vulnerabilidad, arroja estas cifras: el 84,5 % de los menores tiene perfiles en redes sociales y el tiempo que les
dedican al año supera al que pasan en el instituto (1058 horas/1054 horas). Meta (la empresa que aglutina a Facebook e Instagram) ha comenzado a
promover algunos cambios que hacen la experiencia en redes sociales más segura para ellos, pero más orientados a proteger su privacidad que a evitar
potenciales problemas psicológicos. «Cada vez hay más estudios que alertan de que las redes sociales pueden afectar negativamente la sanidad mental de
los usuarios, particularmente de las adolescentes», explica Lalueza. Con 2.000 millones de usuarios en la ahora, Instagram es una de las redes más
utilizadas en este segmento de población. Según se indica en la ya mencionada demanda de las escuelas públicas de Seattle, las ratios de menores con
problemas de sanidad mental se han incrementado año tras año desde 2010, con «proporciones cada vez mayores de jóvenes luchando contra la ansiedad,
depresión, pensamientos de autolesiones e ideaciones suicidas».
«Considero muy difícil cuantificar el impacto cenizo del uso de redes sociales en la sanidad mental de los adolescentes (para principiar: ¿qué queremos
cuantificar?), pero personalmente creo que estamos siendo muy laxos a la hora de firmar sobre estas», explica De Juan-Creix. En Europa, la Ley de
Servicios Digitales de la UE (DSA), que entró en vigor el pasado 16 de noviembre, prevé la creación de un Centro Europeo para la Transparencia
Algorítmica (CETA) para custodiar que los algoritmos operan conforme a los estándares de la mencionada ley. «La DSA intenta evitar patrones oscuros y
todavía impedir la publicidad segmentada dirigida a menores», apunta Sergio de Juan-Creix. Esto evitaría ciertos comportamientos por parte de las redes
sociales en demarcación europeo: «Europa tiene la reglamento más garantista del mundo», añade. De hecho, Meta anunció que, a partir de febrero, ya no
ofrecería a los anunciantes la opción de segmentar por existencias en adolescentes, poco sobre lo que el habituado en Derecho Digital puntualiza: «Parece que
este cambio guardaría relación con el cambio normativo que trae la DSA sobre ciertos límites a la publicidad dirigida a menores. Esta anticipación de
META podría tener defensa en intentar mitigar los mercadería negativos de las últimas sanciones recibidas en materia de protección de datos, algunas
de las cuales están relacionadas con el tratamiento de datos de menores».
Un comité ético como alternativa
¿Cabría la posibilidad de que una sentencia contra estos gigantes tecnológicos creara legislación? «Habría que asistir a la conclusión de que causa
daño mental, habría que acreditar el conexión causal que genere esta responsabilidad», comenta Sergio de Juan-Creix. «En todo caso, hay que diferenciar
entre las consecuencias invisibles o silenciosas, esto es, el impacto cenizo que pueden tener en aspectos tan complejos como la sanidad mental, y las
visibles o notorias, como por ejemplo casos de acoso escolar en redes sociales, que ya tienen su represión penal. Lo primero es más etéreo y complicado,
y hay que firmar para que haya una programación más transparente», afirma. En este sentido, sugiere «la creación de un comité ético para ver cómo se
programan estas plataformas. Tenemos una responsabilidad compartida, y quizá estos primeros movimientos judiciales en EE. UU. sirvan para establecer un
nuevo y mejor control, lo que cobra más sentido aún con la venida de la inteligencia fabricado». Y añade: «Es el momento de principiar a plantearse un
futuro más transparente en el que el ciudadano tenga más información y control. ¿Queremos seguir como hasta ahora en el futuro?».
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